Políticas de demanda y subsidios directos para la expansión de la conectividad en la Amazonía
Un estudio del BID presentado en Amazon On propone incentivos financieros directos para familias vulnerables y pequeñas empresas como estrategia para convertir la infraestructura en inclusión digital efectiva.
La expansión de las redes de telecomunicaciones en la Amazonía se enfrenta con frecuencia a una barrera socioeconómica: la capacidad limitada de las poblaciones locales para asumir los costos del acceso a internet y de la adquisición de dispositivos. Durante el panel "Desarrollando subsidios eficaces para la expansión de la conectividad desde el lado de la demanda: perspectivas y acciones", realizado en el marco del foro Amazon On, autoridades de organismos reguladores e instituciones internacionales debatieron la necesidad de reformular los mecanismos públicos de fomento, pasando de un modelo centrado exclusivamente en el financiamiento de la oferta de infraestructura a políticas orientadas a estimular directamente la demanda.
La apertura del debate estuvo moderada por Sonia Jorge, fundadora y directora ejecutiva de la Global Digital Inclusion Partnership (GDIP), quien contextualizó la brecha de adopción digital.
"Garantizar la presencia de la señal de internet es el primer paso, pero no resuelve el problema de la exclusión si la población local no puede asumir el costo del servicio o de los equipos. El enfoque regulatorio debe avanzar hacia la inclusión productiva y la asequibilidad", afirmó Sonia Jorge.
El diagnóstico sobre asequibilidad fue presentado por Tiago S. Prado, especialista líder en telecomunicaciones y conectividad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Durante la presentación del estudio elaborado por el organismo, Prado señaló que los costos de las suscripciones de banda ancha y de los dispositivos representan una carga desproporcionada para los ingresos de los hogares en regiones remotas de América Latina.
El especialista sostuvo que la implementación de subsidios orientados a la demanda —como vouchers para familias de bajos ingresos y pequeños emprendimientos— puede actuar como un catalizador económico al facilitar el uso continuo de los servicios de conectividad y estimular la entrada de proveedores regionales.
La experiencia institucional de organismos reguladores de América Latina y Europa reforzó la relevancia de contar con instrumentos focalizados. Amparo Arango Echeverri, directora del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) del Indotel, en República Dominicana, presentó las iniciativas del gobierno dominicano destinadas a asignar recursos públicos para subsidiar planes de datos para escuelas y comunidades.
Claudia Bustamante, comisionada de comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia, destacó la importancia de contar con diagnósticos regionales precisos para evitar que los subsidios distorsionen la competencia local, priorizando la atención de aquellas áreas donde la prestación comercial de los servicios no resulta viable.
Desde la perspectiva europea, Manuel Cabugueira, miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Nacional de Comunicaciones de Portugal (ANACOM), compartió la experiencia de la "tarifa social de internet", un modelo regulado que establece precios reducidos para ciudadanos en situación de vulnerabilidad socioeconómica y que se financia mediante obligaciones de servicio universal.
Desde la perspectiva del Gobierno brasileño, Juliano Stanzani, director del Departamento de Política Sectorial de la Secretaría de Telecomunicaciones del Ministerio de Comunicaciones, destacó que la consolidación de proyectos como el Programa Norte Conectado requiere una articulación con las políticas sociales.
Stanzani señaló que los recursos del Fust (Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones) están siendo destinados no solo a la infraestructura física, sino también a garantizar la sostenibilidad del acceso en escuelas públicas y comunidades tradicionales de la Cuenca Amazónica.
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