El dilema de la descarbonización aislada y la apuesta regulatoria en los territorios amazónicos

El debate en el Amazon On señala las fallas de los modelos urbanos de electrificación y detalla el uso de un banco de pruebas regulatorio (sandbox) para testear la generación comunitaria y las fuentes renovables en la Amazonía Legal.

Cerca de 3,5 millones de personas viven sin acceso confiable a la energía eléctrica o dependen enteramente de sistemas aislados impulsados por combustibles fósiles en la Amazonía Legal. El dato expone el cuello de botella en la atención a las comunidades remotas, ribereñas, indígenas y quilombolas. La dependencia del transporte fluvial para el envío de insumos, sumada a las elevadas tarifas y a los bajos Índices de Desarrollo Humano (IDH) de los municipios atendidos, evidencia que los modelos tradicionales de expansión del sector eléctrico no han logrado llegar al interior del territorio.

En la apertura de los debates sobre la transición energética en la región, el moderador del panel y superintendente de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), André Ruelli, destacó la urgencia de integrar soluciones técnicas a la viabilidad regulatoria y económica. "El desafío de la transición en la Amazonía no se limita a la sustitución de fuentes de generación; exige la construcción de arreglos institucionales y regulatorios que garanticen la sostenibilidad de las operaciones allí donde la logística convencional falla", afirmó Ruelli.

La formulación histórica de políticas para el sector respondió predominantemente a una lógica urbana, sin la consulta directa a los beneficiarios y en incumplimiento del principio de la Consulta Previa, Libre e Informada previsto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "La norma creada de arriba hacia abajo no funciona en el terreno”, señaló Camila Bomfim, especialista en regulación económica de la ANEEL. “Sin la participación estructurada de las partes interesadas (comunidades y pueblos tradicionales) en la construcción de una viabilidad económica y regulatoria adaptada a la realidad local, terminamos con tarifas incompatibles y proyectos que no se sostienen en el tiempo." Como resultado, las soluciones informales adoptadas en los territorios permanecen al margen del sistema regulado, sin acceso a políticas públicas.

Desde la perspectiva de la infraestructura tecnológica, el director de tecnología (CTO) de Huawei Digital Power Brasil, Roberto Valer, resaltó que la innovación para los sistemas aislados pasa por la integración del almacenamiento en baterías y fuentes renovables personalizadas para el clima y la humedad locales. Por su parte, el vicepresidente de Regulación y Relaciones Institucionales del Grupo Energisa, Fernando Maia, abordó la complejidad de mantener la prestación del servicio público en áreas de difícil acceso, defendiendo incentivos regulatorios adecuados a la realidad operativa de las distribuidoras regionales. Desde el punto de vista académico, el director del Centro de Desarrollo Energético Amazónico (CDEAM/UFAM), Nilton Pereira da Silva, reforzó la necesidad de capacitación local y desarrollo tecnológico adaptado a las vocaciones productivas del bosque.

Para hacer frente a este escenario, la ANEEL detalló el proyecto "Energías del Bosque" (Energias da Floresta), estructurado como un entorno de experimentación regulatoria (regulatory sandbox) respaldado por la Ley Complementaria N.º 182/2021. La iniciativa permite la flexibilización temporal de las normas para probar modelos de generación, distribución y gestión comunitaria. "El sandbox es el instrumento que permite al Estado probar soluciones junto con la sociedad, controlando riesgos y produciendo evidencias antes de modificar las reglas definitivas", explicó Bomfim.

Entre los ejes de los proyectos piloto se encuentran la formación de agentes comunitarios de energía, la creación de estructuras tarifarias adecuadas, la integración de la eficiencia energética en las actividades productivas y la adopción de tecnologías para la movilidad eléctrica y la cocción limpia. La operatividad del modelo se basa en una gobernanza colaborativa que reúne al regulador, concesionarias, universidades, sociedad civil y líderes comunitarios. Tras el cierre de la Consulta Pública N.º 02/2026, la publicación del reglamento final guiará la Primera Convocatoria Pública de Proyectos Piloto, prevista para octubre de 2026, cuyos datos recopilados servirán de base para futuras adecuaciones normativas en la Cuenca Amazónica.